El gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual con el que busca aumentarla transparencia en la gestión de los derechos de autor, aumentando la cuantía de las multas hasta los 300.000 euros. Los contenidos digitales siguen sin encontrar un modelo de consenso, ya que las entidades de gestión, asociaciones empresariales y de internautas no ven con buenos ojos la reforma por la falta de diálogo.
La nueva legislación permitirá ir contra las páginas de enlaces de webs de descargas de contenidos sujetas a protección, aunque los motores de búsqueda quedarían exentos, algo que no ha gustado a los editores de diarios españoles. El anteproyecto será sometido a debate de los sectores afectados antes de su remisión al Parlamento.
La norma permitirá laretirada de catálogos completos de autores de una web de manera más rápida y establece un sistema de multas más severo, con cuantías que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros, y será más restrictiva respecto al concepto de copia privada, que se aplicará sólo a las personas físicas.
Las entidades de gestión, Adigital y otros colectivos afectados han expresado su oposición al texto, por su carácter restrictivo y por frenar la expansión de contenidos. Esta ley definirá el siguiente modelo de contenidos digitales que se desarrollará en nuestro país por lo que es necesario buscar el mayor consenso si se quiere plantear un modelo que pueda perdurar.