El Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que agrupa a las grandes empresas, cree posible que la economía española genere 2,3 millones de empleos en los próximos cuatro años, lo que supondría llevar la tasa de desempleo al 11% si a ello se suma una afloración de 800.000 empleos ahora sumergidos.
Para ello, enumeran una serie de intensas reformas, pero en muchos casos proponen que únicamente se aceleren algunas de las que se han hecho. Alcanzar los guarismos citados supondría para la economía un saldo cuantitativo y cualitativo muy notable, pues colocaría el 2018 los valores de la producción en récord y devolvería los niveles de empleo a las cifras anteriores a la crisis, con más de veinte millones de ocupados.
Para conseguirlo se estima que hay que intensificar el control de las finanzas públicas, con reducciones estructurales del gasto para cerrar definitivamente el flanco financiero y devolver la deuda pública a los niveles del 90% del PIB como máximo, y añadir un control estricto de las obligaciones fiscales, que proporcionaría más ingresos públicos, así como un intenso programa de privatizaciones (Aena, Correos, Loterías, etc.) para reducir la deuda pública.
Pero las reformas cualitativas importantes que considera el CEC para incrementar el crecimiento potencial se centran en una mejora de la educación que busque la excelencia. Un aumento radical del tamaño de las empresas y su actividad internacional, además de incrementar el número de empresas independientemente de su tamaño, porque ellas son las que crean empleo. Proporcionar dimensión a las empresas y ganar espacio en el exterior depende en parte de las propias empresas, como depende de ellas contribuir a la financiación de determinadas infraestructuras o la digitalización de los procesos industriales y comerciales. Estas propuestas corporativas son siempre bienvenidas, y van en la línea correcta. Por ello, deben tener continuidad en un contacto inmediato con las autoridades y en una agitación permanente del debate, para su rápida aplicación.