España se encuentra en pleno debate de la nueva reforma de la ley de Propiedad Intelectual, que no exige autorización previa a los buscadores para incluir información pero sí el pago de contrapartidas. La compensación es la propuesta del ejecutivo pero parece el comienzo de una nueva batalla entre los agregadores y los editores.
El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el texto de la “reforma parcial” de la ley de Propiedad Intelectual, que ahora se encuentra en su tramitación parlamentaria en las Cortes. La principal novedad de este proyecto es la inclusión del pago de “compensaciones equitativas” a editores de contenidos (incluidos los medios de comunicación) por parte de agregadores o buscadores como Google News, aunque no se exigirá a éstos tener autorización previa para citar “fragmentos no significativos” de informaciones.
Google todavía no ha contestado explícitamente, aunque su postura es bien conocida, y son los agregadores más pequeños los que han comenzado su guerra contra los medios de comunicación. Un ejemplo es menéame, que ha comenzado un veto a los grandes medios de comunicación y editores (AEDE), para hacer notar su valor para esos mismo medios que se sienten agraviados. La medida se ve desde algunos sectores como una compensación política por un mejor trato al gobierno por parte de los medios de comunicación.
La patata caliente respecto a los derechos de propiedad sigue encima de la mesa y a Google solo le queda saber cuánto deberá abonar, ya que podríamos decir que casi cualquier cantidad no le supondría un gran agravio, siempre compensado por su negocio publicitario, algo que tendría que tener en cuenta el regulador.
