En pleno período vacacional y cuando toca decidir un alojamiento, muchos lo tienen claro: “alquilamos un apartamento”. En nuestro país se trata de una práctica consolidada ante la que hoteleros y propietarios enfrentan datos y opiniones.
Hace unos días, Exceltur publicaba un informe sobre el efecto de la economía colaborativa en la industria turística de nuestro país y señalaba que el impacto en las cuentas públicas que podría tener el que los propietarios de viviendas de uso turístico tributaran por estos alquileres en el IRPF y abonaran el 10% de IVA al que sí están sujetos los hoteles y hostales, sería de 800 millones de euros. La patronal hotelera reclamó entonces una legislación más restrictiva para ese sector acusando a estos alojamientos de fraude fiscal, competencia desleal, deterioro de las ciudades y empobrecimiento de la economía, etc. Este balance ha sido tildado por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) de “tremendamente atrevido”.
Solo el 51% de los propietarios de pisos de uso turístico reconoce tener licencia para llevar a cabo su actividad. La escuela de negocios Esade, con el patrocinio de Fevitur, ha obtenido estos resultados a través de entrevistas a usuarios y propietarios en San Sebastián, Barcelona, Mallorca, Madrid, Granada y Calpe. La proporción de alojamientos de este tipo que están dados de alta en los registros correspondientes, es mayor en destinos con una normativa turística, como Barcelona (75%).
El informe señala que el año pasado, el 14% de los turistas que vinieron a España se alojaron en estas viviendas. Por persona, supone un gasto medio de 249 euros a lo que se añaden 477 euros en otros gastos en compras, ocio y restauración.
Se trata de una forma de viajar muy extendida, que la mayoría de propietarios utiliza para ayudar en la economía familiar, en torno al que han surgido plataformas online como Airbnb o Homeaway, y al que no pretenden renunciar un 32% de los encuestados.
